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| Playa de Las Canteras. 1964 |
Por el contrario, recientemente, el director del Servicio Canario de Empleo, Manuel León, declaró lo que muchos políticos intentan maquillar pero que ya es un clamor: para frenar el paro hay que construir más alojamientos, impulsar el sector construcción, aunque cometió el error de indicar que se trata de crear más camas turísticas, lo que nos lleva a más de lo mismo, aunque ahora lo maquillen con una supuesta mejora de calidad de la oferta alojativa. Y así dicho suena aberrante, sobre todo porque no deja en buen lugar a los organismos, instituciones y maquinaria sustentada con nuestros impuestos (muchísimos), sobre todo si operan con criterios que deciden reducidos grupos que se arrogan el interés público o, peor aún, utilizan su poder para favorecer intereses particulares de forma arbitraria sin tener en cuenta el presente y futuro de la sociedad.
Y digo esto porque es sangrante ya la relación de las administraciones públicas con el turismo. Una relación en la que los resultados han dado lugar al peor de los escenarios posibles para el principal sector económico de Canarias: Pérdida de rentabilidad, de liderazgo, bloqueo a la inversión e innovación y condena a competir con el resto de destinos en posición de desventaja, formación inadecuada y obsoleta, desorganización, cambios e inseguridad administrativa…, son algunos de los problemas derivados de la nefasta intervención pública en un sector en el que han entrado con la prepotencia extendida entre numerosos políticos que se creen capaces de gestionar cualquier faceta de la vida del país, poniendo en riesgo la atención y garantía de los servicios públicos. En su megalomanía cualquier ámbito de la vida social es susceptible de ser asaltada por el poder político y la burocracia, incluido el arte y la creación donde aportan dosis de subjetividad y delirio que rayan en lo escatológico, aparte de una grotesca exhibición de nepotismo.
Pero sigamos con el turismo. Un sector poco conocido por nuestros dirigentes, y al que han dedicado muy poco presupuesto para su análisis e investigación. De ahí que insistan –erre que erre- con la cantinela de que el turismo en Canarias tiene poco más de cincuenta años de existencia. Un cálculo que obvia los verdaderos orígenes del turismo canario como marca. Una marca de salud y naturaleza que se gesta y desarrolla desde el mundo clásico y evoluciona a lo largo del renacimiento, el romanticismo y la revolución industrial, cuando a finales del siglo XIX las islas se convierten en el sanatorio de ‘invalids’ británicos y germánicos.
Pero no sólo reivindicamos la condición de pioneros como marca de turismo de salud y naturaleza, sino que somos los pioneros también en buscar un nuevo concepto de turismo cultural, con la publicación en 1910 de un vanguardista libro titulado ‘Cultura y turismo’, cuyo autor fue el también director del periódico ‘Canarias turista’, Francisco González Díaz. Esta publicación formaba parte de un espíritu colectivo que lideraban personajes como Domingo Doreste (Fray Lesco) y contagió a toda la comunidad artística e intelectual animadora de la sociedad grancanaria a través de la Escuela Luján Pérez. Aunque el caso más destacado es el de Néstor Martín Fernández de la Torre.
Recordemos que en 1911, en Las Palmas de Gran Canaria residían 60.000 personas. Una cifra que contrasta con la presencia en la misma ciudad de 23 establecimientos hoteleros (Santa Catalina en 1890, el Metropole de 1894 o el Monopole), con el primer campo de golf de España (creado en 1891), campos de tenis, piscinas, balneario y otros ‘sports’ para los visitantes, unos extranjeros que podían realizar en un par de horas ‘La vuelta al mundo’, con visitas a Marzagán, Bandama, los viñedos, la Atalaya y sus cuevas trogloditas habitadas por vestigios de la prehistoria… Y eso que todavía no existía el Jardín Canario…
Pero bueno, trasladémonos a los años sesenta. El punto de partida de la mayor transformación económica y social de nuestras islas en su historia. Un cambio que coloca al sector servicios en las islas en el 73,9% del PIB, de cuya magnitud más de un tercio corresponde al turismo. Y no olvidemos que el sector construcción (otro 10,3% del PIB) está tan ligado al turismo desde los sesenta que juntos han sido el verdadero motor (en ocasiones locomotora) de la economía insular. Y no es para menos, ya que este desarrollo ha situado a Canarias entre las quince primeras regiones receptoras de ingresos turísticos internacionales en el mundo (OMT, 2008). Un crecimiento cuyo despegue vertiginoso tiene lugar con la aparición de los vuelos charter y el desarrollo del turismo de masas. Pero, también, con la consolidación y crecimiento desproporcionado del verdadero depredador del turismo: el sector público. De ahí que tengamos que en 1964 el nivel de stock de capital físico en Canarias estuviera equiparado entre el capital público y privado, pero desde entonces y hasta 1994, el capital público se ha multiplicado por diez (sobre todo tras la plena integración a la Unión Europea), mientras el capital privado ha crecido la mitad (Fundación BBVA y CES de Canarias, 2000).
Así es, estamos ante un territorio preparado para desarrollar una actividad con una potencia nunca vista en las islas (con sus fases de crisis y crecimiento), un potente imán para la inversión, tanto local, nacional como extranjera, ahora liberada tras la adhesión de España a la Unión Europea. Si bien, antes era una necesidad conseguir divisas, en especial alemana tras la aprobación de la Ley Strauss (Bonn, 11 de marzo de 1968). Decisión del Gobierno germano que aprovechó Manuel Fraga (ministro de Información y Turismo entre 1962-69) para impulsar la venta y ocupación de los espacios de mayor calidad del litoral español (terrenos que en aquellos momentos no tenían valor y eran considerados improductivos) para sacar al país del atraso económico y social que padecía. Sin recursos ni capacidad inversora, España (y con ella se arrastró a Canarias) se adaptó a un tipo de turismo que demandaba sol, playa y precios bajos. Nada que ver ya con los 8.500 turistas de alto poder adquisitivo que arribaban a las Islas en 1910, o los gentelmans que desembarcaron coincidiendo con el crecimiento de la oferta hotelera que se produjo hasta 1927 (y que se prolongaría hasta el comienzo de la Guerra Civil), al alcanzar los 102 establecimientos alojativos frente a los 42 que contaba Canarias a principios de siglo, una época en la que todavía predominaba el turismo de cruceros, bien de salud o el llamado ‘golondrina’, cuyo objetivo era aclimatarse para sus viajes entre continentes.
Sin embargo, Canarias estaba sometida a las arbitrariedades de la metrópoli (controles de entradas de personas y divisas, falta de inversión en infraestructuras, inexistencia de formación, control de precios en establecimientos…) que perjudicaban de forma extraordinaria al Archipiélago. A ello se unió la situación crítica tras la guerra civil y la guerra mundial (carestía, mala calidad de bienes y servicios, problemas de transporte, racionamiento de productos básicos, problemas energéticos, suspensión de los puertos francos…), un proceso que eclipsó logros de épocas de mejoría sustancial: construcción del puerto de la Luz, ley de Puertos Francos, Cabildos, división provincial. Incluso el Mando Económico de Canarias apostó por el turismo al destinar el 17% de su presupuesto a construir y comprar hoteles y paradores.
Así, volviendo a 1953, encontramos una situación social y económica dramática, con apenas 16.498 turistas llegados a Gran Canaria, si bien es en esta década cuando arranca el servicio de vuelos charter. La revolución en los transportes favorece un nuevo impulso turístico que se encuentra con una oferta alojativa reducida y de baja calidad, limitadísima oferta de pasajes por barco, déficit de infraestructuras aéreas y terrestres, racionamiento, carestía, nula propaganda y poco interés del capital local por este sector que, en aquellos años apenas representaba el 17% de lo que producían las exportaciones agrícolas.
Un nuevo marco internacional pone fin al aislamiento español, el desbloqueo coincide internamente con el proceso de liberalización a través del Plan de Estabilización de 1959 en España. A partir de esta nueva situación, la economía isleña crece de forma espectacular, multiplica su producto interior bruto por siete entre 1960 y 2009, casi tres puntos por encima de la media nacional. Todo ello gracias a recursos naturales sin coste: sol, clima, paisaje, naturaleza, junto a otros creados por el isleño durante siglos (bienes intangibles, patrimoniales etnográficos...). Estamos en un momento en el que el capital privado, local y foráneo es el protagonista de este proceso de gran desarrollo económico turístico, junto a escasas inversiones públicas (con excepción de los Cabildos y los principales ayuntamientos, más implicados que la administración central), como fue el caso de Maspalomas Costa Canaria, donde la familia condal y las empresas promovidas por éstos tuvieron que hacer frente a los viarios, abastecimiento de aguas, electricidad, sanidad, vivienda, transportes...
Nadie duda que se trató de un esfuerzo extraordinario, tanto en impacto exterior como en la constante reinversión para consolidar el éxito y el crecimiento turístico de esta Isla, la generación de empleo y el trasvase de rentas para otras islas. Pero, la riqueza hizo crecer a las administraciones y, con éstas, la arbitrariedad y la adopción de normas y medidas para controlar a los que ponían en riesgo su trabajo y patrimonio. De hecho, Ulises Medina, uno de los protagonistas del desarrollo de Maspalomas Costa Canaria recuerda que en un principio la ordenación urbana se realizaba desde un gabinete técnico (gratuito) hasta que “el ayuntamiento se hizo grande y comenzó a contratar personal. La primera decisión que adoptó el Ayuntamiento fue recalificar el uso de un edificio para permitir un local comercial de un familiar”. Claro está, era una época en la que la Administración local era inexistente, un caldo de cultivo propicio para la incubación de la cultura del mangoneo.
Y a todo esto, los impulsores de la zona demandaban sin éxito de las administraciones servicios de limpieza, telefonía, red de abasto, red energética, policía, control e inspección de precios, de cambio de divisas, mejoras en las carreteras, transportes públicos... Ante la inacción de las instituciones, la iniciativa privada cubrió –como pudo- los principales déficits para que la actividad turística pudiera desarrollarse.
Eso sí, las administraciones facilitaban la puesta en mercado de más y más suelo, para así poder cobrar más impuestos y recibir más suelo en compensaciones. O facilitaban el crédito para quien quisiera invertir en el sector turístico. Iniciativas que podrían hacernos pensar que se estaría en la línea correcta para potenciar el sector, pero en realidad estamos ante actuaciones que no persiguen la potenciación de un sector, su posicionamiento como líderes, hacerlo competitivo... No. El beneficio rápido ha sido el leitmotiv institucional, aunque lo fácil sea echar la culpa al empresariado. Un claro ejemplo es el de la aprobación del REF de 1972. Un proyecto de Ley que en sus borradores no tenía en cuenta a la industria turística, la que más riqueza aportaba a la región y creaba más puestos de trabajo. No planificaba los servicios e industrias auxiliares que requería la población turística flotante, limitaba el turismo interior español, olvidaba que las explotaciones turísticas canarias padecían gravámenes superiores a la Península, o que se pretendía aumentar la presión fiscal lo que habría supuesto un grave freno al desarrollo turístico (alegaciones presentadas por el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria según acuerdo de la Junta de 17 de agosto de 1970). Otros sectores canarios también manifestaron su rechazo al REF promovido desde Madrid, lo que costó el cierre de la revista Sansofé y la clausura del Centro de Investigación Económica y Fiescal (CIES) de la Caja Insular.
A pesar de todo, el turismo continuó creciendo y el sur se consolidó como el gran destino turístico de Canarias. Un proceso que hizo aumentar la recaudación con las nuevas herramientas fiscales (arbitrios a la entrada de mercancías y sobre el lujo), que permitió la autonomía financiera de las corporaciones locales e insulares. Hasta que llegó el Estatuto de Autonomía y la adhesión española a la Comunidad Económica Europea, lo que alteró la fiscalidad directa e indirecta en una secuencia inacabada e imprevisible y limitó la confianza económica, a la vez que padecían el mangoneo –convertido en endémico- administrativo junto a grandes dosis de intervencionismo a través de leyes urbanísticas y de planes insulares. Por el contrario, no se actuaba en la mejora de infraestructuras y espacios de valor medioambiental o paisajístico lo que provoca una pérdida de atractivo de las Islas como destino. Esta situación obligó a buscar salidas por donde único podían los empresarios e inversores: reducción de costes, plantillas, bajada de precios, temporalidad y economía sumergida...
Es la Unión Europea quien aporta fondos para solucionar el desfase de infraestructuras no ejecutadas o mantenidas, si bien los sucesivos autogobiernos han mantenido la simplonería y falta de criterio secular de las instituciones con el principal sector económico de las Islas, aprovechando los fondos para otros fines en vez de apuntalar al sector turístico (en otra ocasión abordaré el Plan FuturE). Para ello, basta comprobar el desinterés, desentendimiento o abandono de las zonas turísticas (hasta ahora, cuando se produce un cambio con la puesta en marcha de consorcios y Planes de Mordernización), el peregrino y escaso presupuesto para el área de Turismo (hasta el último ejecutivo compartido con otras materias, como Transportes), o el mantener al sector profesional y empresarial como convidado de piedra en las decisiones importantes que afectan al sector, ya que no vale con que acudan a los consejos de las empresas públicas Saturno (ahora Promotur), Hecansa, Tindaya, patronatos insulares..., donde ya el presupuesto está limitado por el Gobierno de Canarias y ‘cocinado’ en los mentideros de las políticas de mantener contentos a todas las islas, los partidos de los pactos, donde muchos entienden que turismo es lo que hacen cuando viajan fuera de las islas con dietas y gastos pagados.
Las cifras son claras. Canarias tiene un sector turístico que en 2006 suponía el 32,1% del PIB. Tras la crisis (o bajo la amenaza de ésta), en 2010 el PIB turístico suponía el 27,8% del PIB. Sin embargo, sólo el 8,7% del gasto público de todas las instituciones (Gobierno autónomo, Cabildos y Ayuntamientos) se dedica al turismo (suma de promoción, limpieza, servicios asistenciales, etc.)
Y ahí está el reto... ¿Hasta cuándo vamos a dejar que el turismo en Canarias pierda o agote su atractivo turístico? ¿Por qué no apostamos por la reconversión del destino con nuevos productos que nos sitúen en la vanguardia del mercado turístico mundial?
