Capacidad, mérito y... que se rían de ti

Cámara de Televisión Canaria.

Fui testigo, hace tan sólo unos meses, del desprecio que tienen algunos cargos de confianza de empresas públicas cuando tienen que valorar la capacidad y mérito, aplicando la igualdad de oportunidades, para un puesto de trabajo mediante un proceso selectivo. Un procedimiento realizado con rigor por una empresa especializada, con la comprobación de datos académicos, referencias profesionales, el estudio psicológico y valoración/evaluación respecto a los demás candidatos. En esta ocasión, el demandante era una empresa pública que gestiona dinero de todos los contribuyentes, quienes promovieron una convocatoria pública (por lo menos lo hizo, cosa poco habitual o casi inexistente en estas islas) para un puesto de trabajo que requería unos conocimientos, experiencia y habilidades acreditables. Al final, contrataron a quien le dio la gana por 'ajustarse al perfil', obligando a la empresa consultora a que enviara todos aquellos que había desestimado en la primera selección. Y ustedes dirán ¿a quién le importa esto? Pues calculen la de empleos que se han designado con el dinero de ustedes y mío sin rigor ni en busca del mejor, sino sólo para aparentar.

En realidad, esto viene a colación porque ayer se dieron a conocer los despidos y contrataciones para el ente público de Radio Televisión Canaria. Una empresa de información pública pagada con el esfuerzo y dinero de todos los contribuyentes canarios. Esta llamativa intervención (despido de un número destacado de profesionales y nombramiento de otros que los sustituyen) ha sido decidida por el Consejo recientemente constituido (después del esperado cese del ex director, el controvertido Willy García García). Sin embargo, considero que este nuevo Consejo se estrena con los mismos vicios y nepotismo que los anteriores desde (creo) el comienzo de este ente público.  No se ha buscado, entiendo, de forma pública y transparente, a los profesionales de más capacidad y mérito para desarrollar su trabajo en el medio público (de todos) sino que han designado a dedo a aquellas personas (no menosprecio su valía) que les parecieron más próximas a sus criterios (ignoro cuáles son esos criterios, porque los discursos que han dado hasta ahora son tópicos poco esclarecedores).

Yo creo que ese supuesto criterio fracasa desde el momento en el que un medio público se convierte en un ente de contrataciones arbitrarias y sin transparencia (curiosamente, esta semana tomó posesión el nuevo cargo de Comisionado de Transparencia, a ver qué dice...), ya que ése es el espíritu de la Ley 13/2014, de 26 de diciembre, de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Una Ley que arranca en su Exposición de Motivos afirmando que “Esta nueva ley trata de generar el marco normativo adecuado para que esta institución [el ente RTVC] potencie sus objetivos primigenios y que no son otros que satisfacer el ejercicio del derecho fundamental a la información de la sociedad canaria, además de las necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento así como contribuir a la cohesión territorial de las islas, aspecto fundamental de este servicio público de información. El fortalecimiento de estos principios pasan por dotar al ente público RTVC de un régimen jurídico que refuerce su transparencia, objetividad e independencia...”
 
Los partidos con representación parlamentaria ya destrozaron esta declaración de intenciones que los ciudadanos creíamos seria, al repartirse por cuotas partidarias los cargos en el Consejo. Pudo ser peor, pero gracias a la obstinación de Román Rodríguez, que despertó de su pachorra a muchos diputados, y a la habilidad del profesional Paco Moreno, quien puso de manifiesto que hay gente con la que no van las chapuzas endémicas del Parlamento de Canarias... Gracias a ellos se eligió un Consejo de personas con titulación adecuada a pesar de ser designados por los partidos y no por otros medios más transparentes y profesionales. Aunque ¿por qué se arma una trifulca para exigir titulación a los miembros del Consejo del ente y no se interviene a la hora de definir el modelo de televisión y de contratación del personal que va a trabajar en la empresa pública? Pues porque todo es un paripé para dar apariencia de legitimidad y así seguir manteniendo un medio de comunicación al servicio de los partidos políticos y no de la sociedad que pregonan esa grandilocuente introducción que tiene la Ley.

Está claro que no se convocó un concurso público para el Consejo: a dedo, como se suele decir. Por lo que ahora está de más exigir que para la contratación de los cargos intermedios (director de informativos, director de la radio...) se convocara públicamente a los profesionales de las islas (incluidos los despedidos...) para que pudieran acceder a esos puestos de trabajo en igualdad de condiciones por su preparación, experiencia, capacidad y méritos.

Ante esta situación, con centenares de compañeros en el paro o con deseo de dar un giro a su vida profesional, el ente público de radio y televisión contrata a varias personas ‘tocadas’ por la varita (dedito) de la voluntad de unos señores y señoras que no han entendido el espíritu de la Ley, por lo que impiden que la ciudadanía pueda contar en SU medio público con el mejor equipo posible, el más preparado y el que más puede garantizar la independencia de los medios públicos de la manipulación, sea política o económica. ¿He dicho independencia de los poderes? Pues sí. Y si ese no era el objetivo real de la Ley pues mejor cerramos el Parlamento de Canarias y nos ahorramos el dinero de esta aberración contra la democracia, los derechos de los ciudadanos y la tan manida transparencia.