Uso residencial en suelo turístico. De pescadilla a pesadilla

Hotel Don Gregory, junto a San Agustín.

Interesante debate el que se ha abierto en torno al uso residencial del suelo turístico con la exposición pública del Plan General de Ordenación (PGO) de San Bartolomé de Tirajana. Alegan algunos propietarios que sus apartamentos, bungalós o complejos no desarrollan actividad turística alguna, que han sido dados de baja como tal (han quedado fuera de explotación), y que sin embargo continúan clasificados como uso turístico en el PGO. En muchos casos, incluso, estas construcciones son ya primera residencia familiar (empadronados o vivienda permanente), o segunda residencia (para fines de semana o periodos vacacionales), cuando son apartamentos de dimensiones no pensadas ni legalizadas para uso residencial o familiar. Pero así ha sucedido y nos encontramos, en la mayoría de los casos, con establecimientos que fueron rentabilizados y con el tiempo fueron retirándose del mercado turístico, sobre todo en los momentos de crisis, pero mantenían su calificación original como suelo turístico o turístico-residencial. De ahí que estemos ante una "oportunidad para debatir entre todos la ordenación del espacio turístico".

Estamos hablando de urbanizaciones o complejos que -presuntamente- ya no desarrollan actividad turística, al salir de explotación, ni pueden volver a ella si no se adaptan a las nuevas normativas de accesibilidad, seguridad, ahorro energético y un largo y costosísimo etcétera, para poder constituirse como 'unidades de explotación'. Pero se equivocan (o mienten) los interesados cuando dicen no entender que en el PGO se rechace sin más el reconocimiento de su uso residencial permanente, y es que para poder cambiar su calificación de turístico a residencial tendrían que cumplir unos requerimientos y normativas, como disponer de centros educativos, centros de salud y demás equipamientos urbanos que, evidentemente, no existían ni se han previsto en la zona turística donde se ubican esas residencias que se han situado en un limbo legal.

De una manera o de otra, sea residencial o turística, tarde o temprano, la vuelta a la legalidad tendrá repercusiones, ya que o se adaptan los complejos a las normativas en vigor para el turismo o se dota de los equipamientos urbanos propios de cualquier zona residencial. Y es que tiene difícil justificación política y administrativa esa modificación como lo tendría -por ejemplo- convertir en viviendas algunas naves industriales del Sebadal o El Goro... La cosa no es tan sencilla. Pero la culpa no es sólo de los que han comprado apartamentos hace décadas o hace unos años y que pagan el IBI como establecimientos turísticos pero los usan como residencia. La culpa también es de las instituciones que han dejado durante décadas que se consolide esta degeneración de las zonas turísticas en residenciales de facto sin que reúnan las condiciones urbanísticas y arquitectónicas adecuadas.

Y la solución no es nada fácil en lo legal, lo económico y lo urbanístico. No sólo está en juego el interés particular (la propiedad en sí), sino el general (quién pagará los equipamientos) y, sobre todo, el turismo como sector principal de nuestra economía. Porque ¿a qué turista le gusta ver, escuchar y oler un asadero de fin de semana en el bungaló que linda con su apartamento? Habrá que aclarar cuanto antes este tema, pero con todas las cartas sobre la mesa. Supongo que habrá zonas que no podrán convertirse en residencial y otras que sí. Pero tampoco se trata de abrir la puerta para que todo se convierta en residencial, ya que la actividad turística tiene que desarrollarse en algún sitio... Pero aquellas zonas o complejos que tengan que seguir como turísticas no deberían ser víctima de normas que beneficien a carroñeros que quieran sacar tajada de este desatino. Por el contrario, debería ser una fuente de riqueza (por lo menos, en teoría).

• PD: Este artículo se refiere a construcciones que son usadas como residencia en suelo turístico, no aquellas que ya figuren como residencial, ya que igual de problemático para convertir suelo turístico en residencial lo es a la inversa. Pero bueno, para aclarar todo esto y la situación de cada propietario, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha conseguido que el Gobierno de Canarias amplíe a todo agosto y septiembre el período de exposición pública del PGO para que los vecinos afectados puedan informarse y presentar sus alegaciones.