Ultimátum a la insulocracia

Desde que estrenamos nuestra autonomía se impuso por Unión de Centro Democrático (UCD) y el PSOE el pacto de Las Cañadas que consistía en un sistema electoral en el Archipiélago basado en el territorio para contentar a los grupos políticos que negociaban y, al final, no contentar a quien verdaderamente le afectaba el acuerdo: a la mayoría de los ciudadanos. El consenso se centró en la llamada ‘triple paridad’ entre los territorios insulares, pero con el tiempo ha crecido la espiral de rechazo por la discriminación democrática que supuso implantar una insulocracia. Algunos amigos consideran que este pacto de la triple paridad se inspiró en el proyecto autonómico redactado por el Colegio de Agentes Comerciales durante la II República, el denominado proyecto de Junco Toral (un socialista criado en Las Palmas de Gran Canaria), cuando no existían ni Binter ni Samsung, por lo que salvo las correcciones numéricas, se mantuvo durante décadas y su implantación ha traído estos conflictos.

La triple paridad actual es una fórmula por la cual de los sesenta escaños del Parlamento de Canarias se reparten 30 por cada provincia (primer equilibrio); otros 30 corresponden a partes iguales entre las dos islas más pobladas (segunda solución); y por último, la suma de diputados de las dos islas más pobladas es igual a la suma de las restantes (tercera paridad). Al final, se produce una distribución de escaños por isla. De ahí que se produzcan situaciones discriminatorias por las que un voto en una isla valga por 17 votos de otra. O, para ser más evidentes: la Agrupación Socialista de la Gomera logró 3 diputados con 5089 votos en esa isla. Y el partido Ciudadanos no obtuvo representación pese a conseguir 24.460 votos en Gran Canaria y 53.981 votos en todo el Archipiélago.

En este sistema se sienten cómodos o se han acomodado los partidos políticos mayoritarios a pesar del cabreo de los partidos que no han logrado representación y, también, de los votantes de los vencedores en determinadas islas. Y es que los ciudadanos tienen claro que el problema de este sistema es que las únicas alianzas posibles de partidos dependen de las islas, lo que ha dado lugar a un movimiento ciudadano que aboga por modificar el sistema electoral y, para empezar, piden rebajar las barreras para lograr escaño. Exigencias nada novedosas porque hace 15 años la Agrupación Herreña Independiente presentó una proposición de ley en el Parlamento de Canarias para reformar el sistema electoral canario. AHI defendía el incremento del número de diputados a 66 (tres más por cada una de las islas capitalinas), reducción de la barrera de exclusión insular del 30% al 15 % y supresión de la barrera de exclusión regional del 6%.

Dado que se ha reabierto el debate y las movilizaciones no van a menos, sino todo lo contrario, aprovecho para posicionarme e indicar que se debe mantener la triple paridad porque responde a una realidad física e histórica. Pero es un sistema que debe ser mejorado y ampliado hasta otras cuatro o cinco paridades más, igual de importantes, que podrán incrementarse con el paso del tiempo, ya que todo cambia a una velocidad de vértigo. Resumiendo, estas serían las novedades:

Cuarta paridad: un ciudadano un voto. Es indispensable contemplar el aspecto poblacional en la designación de un número de diputados.

Quinta paridad: No puede ser que en ocho islas habitadas sólo haya siete cabildos. Es lógico que La Graciosa se constituya en un Cabildo municipal.

Sexta paridad: 35 ayuntamientos en cada provincia. No se puede sostener que la provincia más poblada tenga 34 municipios y la otra con menos habitantes disponga de 54. Sobran alcaldes y ayuntamientos que pueden ser fusionados y, además, cuentan con el soporte de los Cabildos Insulares (y por lógica alguna otra isla también debería regirse sólo por un Cabildo prescindiendo de ayuntamientos).

Séptima y demás paridades: que los municipios turísticos tengan su estatuto; que haya el mismo presupuesto en las universidades canarias; que haya el mismo número de aceleradores lineales o recursos para combatir el cáncer, etc. etc. Porque ya puestos, el problema principal no es el número de diputados, sino que la población no entiende la desproporción o discriminación de recursos públicos entre islas.

Pero, a todo esto, no debemos olvidar lo más importante. Es necesario, justo y solidario el equilibrio isleño, pero también lo es modernizar y hacer más eficientes nuestras administraciones. Sin embargo, si no conseguimos un tratamiento igual -o paridad- con la inversión per cápita del resto de españoles y el reconocimiento de nuestra condición de insularidad, no solucionaremos nuestro principal problema y sólo habremos incrementado el distanciamiento y los recelos entre las islas. La paridad no es sólo un problema entre islas, es también un problema de Estado, aunque nosotros nos empecinamos en mirar sólo a nuestras islas vecinas y vemos sólo competidores o amenazas, sin pensar que otros se ríen de nuestra tradición cainita.