¿Leyes de ladrillo o leyes de turismo?

Parlamento de Canarias.

El Parlamento de Canarias escenifica estos días un nuevo acto del fracaso de la política canaria con el trámite parlamentario de una nueva ley que llaman de turismo, pero que no deja de ser otra norma que aborda casi exclusivamente cuestiones urbanísticas y constructivas (¿y van...?). Y digo fracaso porque volvemos a ir muy a la zaga de lo que necesitan estas ínsulas de los dos aspectos más importantes de nuestra actividad económica: el territorio y el turismo, que son competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Es decir, no podemos culpar a otros de nuestros errores y/o fracasos. Y en esto del turismo vamos de fracaso en fracaso legislativo, aunque parezca otra cosa a fuerza de machacarnos con cifras de entradas de turista como único objeto de deseo.

Hemos fracasado porque el espejismo de estos últimos años (debido principalmente a la inestabilidad en los países árabes del Mediterráneo) empieza a desaparecer y a mostrarnos la realidad (como escuché por la radio al presidente de la Federación de Asociaciones de Viajes, Rafael Gallego): Los turistas que han venido estos últimos tres años se van con la sensación de que ya conocían el destino, lo cual es bueno y es malo. Bueno porque aquí hay mucho turista que repite o que se queda largas temporadas. Malo porque puede significar hartazgo por un destino que envejece sin cambios en una sociedad en la que todo cambia a velocidad de vértigo, salvo la obsolescencia de Canarias y, en particular, de las zonas turísticas de Gran Canaria.

Fracasamos porque el gasto turístico sigue siendo muy bajo y cada vez menor en la calle por el auge del todo incluido. Pero, sobre todo, fracasamos porque hemos perdido el tren de la renovación permanente y la modernización que, personalmente, es una palabreja que no tiene que ver con nuestra trayectoria histórica en el turismo. Y es que Canarias tiene sol y playa, y buen clima y una naturaleza extraordinaria desde siempre, pero el revulsivo turístico no lo produjeron las camas, sino las mejoras en las comunicaciones (y eso que desde hace años dependemos de AENA y de compañías aéreas que se gestionan fuera de las Islas) y, sobre todo, por el ingenio y visión de personalidades de la talla de Néstor Martín Fernández de la Torre y su (llamémosle) discípulo, César Manrique, quien durante su vida hacía que Lanzarote tuviera cada poco tiempo un nuevo hito artístico y paisajístico que consolidaron la marca de Lanzarote. Fíjense que desde su fatídico accidente, en Lanzarote, apenas se ha creado algo nuevo con atractivo aparte de más alojamientos y comercios.

De hecho, el pasado miércoles acudí con interés a la convocatoria que realizaron conjuntamente el Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria, el SKAL Club de Gran Canaria y el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria para debatir con representantes de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Canarias, si bien quedó ‘cojo’ el acto por parte de los promotores de la ley, ya que la persona que acudió en representación de Coalición Canaria no estaba en la ‘cocina’ de la nueva norma.

De las intervenciones, cabe señalar que vivimos en un laberinto legislativo sobre turismo y territorio, con unas 17 normas autonómicas. Pero hay que diferenciar entre leyes (por citar algunas: la de Turismo de 1995, la de Directrices del 2003, la de medidas Urgentes del 2009 y la de ahora de Renovación Turística del 2013) y los decretos (como el del 2001 que vino a detallar aspectos de la Ley de 1995). Tal como indicó uno de los ponentes, toda una maraña de leyes que se superponen unas sobre otras sin que una derogue a la anterior, lo que las hace menos prácticas porque siempre hay alguna línea olvidada que lo complica todo.

Además, leyes de turismo propiamente dichas no hay ninguna, salvo la de 1995 –con reparos-, ya que casi todas las normas son de carácter territorial que, sin remedio, afectan directamente al turismo.

Pero vamos al caso del proyecto de Ley de renovación y modernización turística, una norma que considera que sólo se puede crear establecimientos de cinco estrellas. No da solución a los centros comerciales obsoletos y, se quita de encima la obligatoriedad de contratar un porcentaje de trabajadores de las filas del Servicio Canario de Empleo.

Yo, insisto, no creo que aguantemos más leyes superpuestas. Creo que no hay un proyecto político de punto y final a los desmanes y al deterioro de nuestros principales destinos turísticos que, casualmente, coinciden con los espacios de mayor valor ambiental y paisajístico de nuestras costas. Tampoco veo que la Ley busque situarnos en primera línea de los destinos turísticos, sólo parchear un poco. Pero hay un aspecto que es más llamativo, si cabe, en la polémica suscitada por este proyecto de ley, como es la polémica en torno al modelo que se persigue de alojamientos turísticos, donde se prima el 5 estrellas (siempre que Colón no pasara por ahí) frente a otras tipologías, así como se hace una apuesta por las villas, lo que supondría un grave riesgo por su ocupación extensiva de suelo y propensión a convertirse en residenciales, como sucede con los bungalows y apartamentos en numerosos puntos de las islas, principalmente en Gran Canaria.

Bueno, para quien quiera saber de qué va esto, los datos están ahí: Entre 2000 y 2012 se incrementó en 41.000 plazas la oferta alojativa en Canarias (un 10% más). De esas 41.000 hay que tener en cuenta que se creció exclusivamente en camas hoteleras, ya que aumentaron en 65.500 mientras la oferta extrahotelera se redujo en más de 24.000 plazas. El mayor incremento de camas hoteleras se produjo en Fuerteventura (21000), Gran Canaria (20000) y Lanzarote (11000), mientras en Tenerife sólo creció en 6000, si bien es la isla con más oferta de plazas hoteleras (67169). En cuanto a la oferta extrahotelera, Fuerteventura también presentó el mayor crecimiento (3000), seguido por La Palma, Gomera y El Hierro). Los descensos en este mercado fueron más destacados en Gran Canaria (-18000), Lanzarote (-5000) y Tenerife (-7000). Con estas cifras, Gran Canaria sigue liderando (¡en Europa!) como destino de mayor oferta extrahotelera, con 81593 plazas, seguido por Tenerife con 30000 plazas menos y Lanzarote, con 38000 menos que Gran Canaria.

Dicho así… ¿A quién perjudica una legislación que frena los hoteles de cuatro estrellas? Evidentemente, a quienes quieren salir del sector extrahotelero e invertir en ese tipo de hoteles. Situación que afecta más a unas islas que a otras. De ahí la bronca que se está produciendo en la cocina de esa ley que veremos de inmediato.

Y ya que estamos… ¿Por qué estamos trabados con leyes de moratorias y de renovación y sólo nos preocupamos por cuántas camas se van a construir o si son de cinco estrellas o menos? ¿En otros destinos turísticos del mundo siguen con los mismos estándares o no son mejores los lujosísimos hoteles de 5 diamantes de Las Vegas que por sí mismos ya son un reclamo turístico? ¿Acaso esa es la solución para que tengamos otros XX años de bonanza turística? ¿O es que sólo nos preocupa el ladrillo y no el turismo? ¿Basta con rediseñar y peatonalizar zonas públicas y viarios para modernizar el destino? (que es una acción que debería acometerse permanentemente, y no como solución a la crisis del modelo). Está claro que nuestros parlamentarios, representantes políticos insulares y locales y los dirigentes empresariales que acuden (en minoría) a esos órganos de deliberación sobre promoción y demás cuestiones que afectan al turismo, están obsesionados en prolongar un modelo agónico y anquilosado en una normativa caduca al que, además, provocan un sufrimiento mayor con una maraña legislativa que ni ayuda a la mejora del sector ni a la transparencia para que el inversor pueda actuar sobre el territorio, ya sea deteriorado o de nueva incorporación al mercado.

Recordemos a Néstor y César nuevamente… ¿Qué habrían dicho y hecho ellos si vivieran en estos momentos?